Piden a AMLO derogar la Ley de Cultura Cívica
Fin a extorsiones y golpes de la policía demandan sexoservidoras del DF
* Reclaman su derecho a trabajar sin ser víctimas de violencia
* Proponen retomar los convenios de tolerancia con los vecinos

Nora Sandoval

“No somos una minoría y estamos dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias; no pedimos nada más que lo que nos corresponde por derecho: trabajar sin ser extorsionadas, golpeadas, maltratadas o apañadas, porque no estamos cometiendo un delito”, dice Yesica, trabajadora sexual y participante activa del movimiento de sexoservidoras que busca el derogamiento de la Ley de Cultura Cívica (LCC), vigente en el Distrito Federal desde el primer día de agosto, y que a la fecha ha derivado en una violencia inusitada contra mujeres (y hombres) dedicadas a esta actividad, en que sean multadas e incluso sean recluidas por varias horas.

“Pongámonos de acuerdo; regresemos a los convenios con vecinos y trabajadoras con respecto al horario de trabajo, las condiciones para estar en la vía pública, y definamos calles específicas. Hagamos puntos de tolerancia y cuando alguien cometa un delito o infracción, que se aplique la ley, pero que no nos extorsionen ni golpeen. Ninguna compañera está aquí por gusto, ninguna; estamos por necesidad. Hay quienes vivimos en hoteles; hay amas de casa con hijos en la escuela”, afirma esta mujer de 34 años, con más de 10 en el oficio.

“No tenemos nada, seguimos en la lucha y en el movimiento; palabras son sólo palabras”, expresa Yesica, después de reunirse, junto con un grupo de sus compañeras trabajadoras sexuales, con el jefe del gobierno capitalino, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), al que le pidieron derogar la Ley de Cultura Cívica, a lo que él se negó, pero se comprometió a dar una “solución integral” al trabajo sexual.

Las sexoservidoras le presentaron a AMLO un documento en el que le plantean, además, otras nueve demandas básicas, entre las que destacan: un albergue para sexoservidoras adultas mayores, en el edificio del Curato de la Iglesia de La Soledad, que está vacío actualmente; la apertura de un centro de atención médica, jurídica y psicológica, en el que haya también talleres de capacitación en diversas áreas; un programa de vivienda en el que se les considere; apoyo a madres solteras; programas de salud por zona, y becas para sus hijos.

Con el comienzo del año la violencia contra las trabajadoras del sexo se recrudeció mediante operativos realizados con camionetas pánel , con 8 o 10 patrullas, así como con uniformados y policías de civil caminando por las calles de las zonas donde trabajan estas mujeres y hombres: las áreas aledañas a los metros Hidalgo, Revolución y Tacuba, La Merced, las calles de Guatemala y Loreto, en el centro; la Plaza de San Fernando, así como la delegación Iztapalapa, denuncian representantes de las sexoservidoras.

Ahora, la LCC considera como falta administrativa ejercer o invitar a la prostitución, y la sanciona con entre13 y 36 horas de arresto, además de una multa de entre 11 y 20 días de salario mínimo. Todo esto siempre y cuando exista queja vecinal. Sin embargo, “a veces nos imponen la primera vez 13 horas y nos cobran 678 pesos, que supuestamente es el equivalente a 18 salarios mínimos, ya que éste lo fijan en 52 pesos. La segunda vez no hay derecho a pagar multa, y nos quedamos las 24 horas. Y a la tercera viene la fichada con huellas dactilares y fotografías”, advierte Carmen.
“En Iztapalapa nos exigen mil 200 pesos, cuando que a las que bien les va sacan en promedio 300 pesos diarios; pero de ahí muchas tienen que pagar el hotel en el que viven, que cobra cien pesos por día, más sus alimentos”, se queja Sonia.

“Son trabajadoras que no tienen madrota ni padrote, que estaban cobijadas por el desaparecido Centro Integral de Atención a Sexoservidoras (CAIS) (que apoyaba la Comisión de Derechos Humanos del DF) que empezaron a reconocerse e incorporarse a una vida diferente y se fortalecieron en el sentido de no dejarse extorsionar. Son mujeres y hombres que construyen su identidad fuera de las mafias de las madrotas”, explica Margarita García Arteaga, asesora jurídica de las trabajadoras sexuales independientes.

Las otras –continúa García Arteaga- siguen entregando su cuota diaria a quienes las explotan, y con la entrada en vigor de la Ley de Cultura Cívica, “ha habido operativos en contra de ellas en algunos lugares, pero no tan violentos; yo creo que porque dan dinero. En cambio con las independientes son a diario y en todo momento”.

Con la nueva ley, los golpes, los jaloneos, las amenazas y las extorsiones se recrudecieron: “entran a los hoteles por las compañeras y esto provoca situaciones violentas con los clientes. Hay algunas que se tienen que hacer amantes de los policías para que por lo menos les avisen cuando viene el operativo”, explica Carmen, que tiene a la zona de La Merced como su centro de trabajo.

Por si fuera poco, las quejas vecinales –argumento para levantarlas- son “un machote que llenan los mismos policías, con un nombre y un apellido sin domicilio, y una firma ilegible; o bien, a algunos formatos que ya tienen llenados les cambian la fecha con lápiz, les sacan una fotocopia y ya tienen el documento actualizado. Esas quejas no tiene ninguna legalidad porque no sabemos ni quiénes son porque no se nota el nombre, además de que no se establece quién está cometiendo la infracción”, asevera Margarita García.

La asesora de las trabajadoras sexuales agrega que algunos de los vecinos “son mafiosos, ya que piden servicio gratuito para que no presenten la queja vecinal. O se dan casos, como en la colonia Tabacalera, donde los mismos policías pasan a tocarle a los vecinos para que firmen, y con cuatro o cinco rúbricas ya es suficiente para ellos; además, el papel no es presentado en la delegación: Pero eso sí, empiezan a levantar gente”.

Dispuestas a negociar

Para frenar esta situación, las trabajadoras sexuales han emprendido acciones en varios frentes. Primero en lo jurídico, para ampararse contra la LCC. Manuel Fuentes, de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, asegura que la mencionada ley viola los artículos 123, 13, 14 y 16 de la Constitución. En el 123 se establece que es el Congreso de la Unión el que deberá expedir leyes sobre el trabajo, “de tal manera que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no está facultada para reconocer y sancionar el trabajo sexual”.

Explica que el artículo 13 de la Carta Magna “prohíbe establecer leyes privativas para determinadas personas, y la LCC tiene estas características”. En tanto, el artículo 14 determina que nadie puede ser privado de sus derechos si no es mediante juicio ante tribunales previamente establecidos y de acuerdo con normas legales; es decir, “las trabajadoras sexuales no pueden ser recluidas sólo por el señalamiento de terceras personas, como está sucediendo, ya que no es posible verificar el dicho de los acusadores”, enfatiza Fuentes.

El artículo 16 de la Constitución indica, además, que “nadie puede ser molestado en su persona sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”, explica el abogado.

Por otro lado, las trabajadoras sexuales presentaron ya una queja colectiva ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, esto pese a que ellas mismas reconocen que el titular del organismo, Emilio Álvarez de Icaza, sólo se ha manifestado en lo general en contra de la ley -particularmente en el caso de los franeleros, argumentando que la nueva legislación viola garantías individuales-, pero no lo ha hecho en el caso de las trabajadoras sexuales.

A todo esto, las trabajadores sexuales señalan en voz de Samanta: “habíamos avanzado cuando el CAIS funcionaba; habíamos hecho convenios con vecinos de casa habitación o de comercios para que permitieran el trabajo sexual, siempre y cuando nosotras cumpliéramos reglas como cierta vestimenta, horarios determinados y buen comportamiento. Si alguien de nosotras violentaba ese acuerdo, perdíamos el convenio. Eso funcionó muy bien”.

“Uno de los requisitos que se establecía en el reglamento es que no podíamos escandalizar, drogarnos, emborracharnos o cometer algún delito. Esa fue una posibilidad y una solución; los vecinos nos tenían identificadas y sabían qué podíamos hacer y qué no, y nunca violentábamos los convenios”, expresa Yesica, quien agrega que hoy quieren la vuelta a ese pasado, una negociación con la autoridad en la que desaparezcan los abusos y las dejen trabajar.

Queremos –piden- una posibilidad de estar de manera digna en la calle y buscar la salida a esto con la capacitación en talleres; queremos el reconocimiento social a nuestra condición de mujeres, con respeto, sin golpes, malos tratos o extorsión.